Tal como lo había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley que establece límites a los extranjeros para adquirir terrenos nacionales. El tema no es nuevo. Varias veces, distintos diputados presentaron iniciativas en la misma senda, pero el aluvión comenzó el año pasado. La gran cantidad de proyectos ingresados desde distintos sectores políticos dio la pauta de que había un consenso general para avanzar en una ley de estas características y así fue.

Con tratamiento pendiente, pero promesa a cumplir de que será debatida en un plenario de las comisiones a las que fue girada - Legislación General, Asuntos Constitucionales y  Agricultura, Ganadería y Pesca-, la iniciativa parece haber encontrado el momento de ser aprobada.

Como se muestra en el presente informe, la mayoría de los bloques parlamentarios están de acuerdo con el espíritu de la ley y tiene sólo mínimas diferencias en los detalles. A su vez, gran parte de las entidades rurales, con excepción de la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Agrarias, ven con buenos ojos el proyecto.

Vale destacar que el reclamo por una legislación sobre las tierras es histórico, desde el aniquilamiento de los pueblos originarios de la Patagonia durante las mal llamadas guerras del desierto, a las acciones poco loables con que se vendieron millares de hectáreas a Benetton y Tompkins, entre otros.

Tampoco hay dejar de lado el conflicto de los indígenas, que desean recuperar las tierras que les pertenecen ancestralmente, aunque el papel legal diga otra cosa y haya permitido la venta y la concentración de los terrenos. Una de las principales críticas al proyecto del Poder Ejecutivo es que no contempla qué hacer con las demandas de los pueblos originarios. En el texto inicial, había un apartado, pero se eliminó para no entrar en un debate un tanto más polémico y así acelerar los tiempos parlamentarios. La solución para nuestros pobladores originales quedó, de esta forma, demorada.

Sin embargo, a pesar de distar de ser perfecta, esta ley es deseable y no se debe desatender que marcará un cambio en la geografía notarial de Argentina.

Periodistas: Carla Froy, Agostina Ghioldi, Juan Strasnoy Peyre, Esteban Galarza, Florencia Pessarini, Camila Roel, Gretel Müller.
Coordinación y edición: Agustina Ordoqui. 

1.- La Inciativa del Ejecutivo, el Congreso, las entidades rurales y el punto de vista legal

Por Carla Froy, Agostina Ghioldi y Juan Strasnoy Peyre

El proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso representa una reforma sin precedentes en la limitación de adquisición de tierras en manos de inversionistas extranjeros. Según la Presidenta Cristina Fernández, el objetivo es fortalecer la soberanía nacional, afianzar la independencia económica y ponerle un tope a la concentración de campos. Pero lo más importante es que define a la tierra como un recurso no renovable y propone la realización de un registro de propietarios. 

Mejor conocida como Ley de Extranjerización de Tierras, en sus fundamentos aclara que no se trata de una normativa "xenofóbica, prohibitiva o refractaria" hacia los compradores foráneos. Además, es de orden público, por lo que su cumplimiento debe ser acatado a nivel nacional y respetado por personas y entidades jurídicas tanto públicas como privadas. De esta manera, y por considerarla "un recurso natural, escaso y no renovable", su adquisición no se considera una inversión privada -como consta en el artículo 10 de la iniciativa- y así se evitan conflictos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial o trabas con los tratados bilaterales de inversión.

El proyecto toma como ejemplo las respectivas leyes sancionadas en los países limítrofes como Bolivia, Brasil y Perú así también como España, Francia y Canadá, cuyas legislaciones protegen el uso de su territorio. El artículo 21 del Pacto San José de Costa Rica –con rango constitucional- también se encuentra citado en los fundamentos. Determina que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero que la ley puede subordinar ese uso y goce al interés social. 

Reclamada por el arco opositor, se trata de una iniciativa por la cual las entidades rurales, especialmente la Federación Agraria Argentina (FAA), han estado bregando desde hace años. "En el 2002 elaboramos un proyecto que pasó por el Congreso varias veces.  Nosotros no apoyamos el proyecto en un 100%, sino la iniciativa que va en esa dirección. Las diferencias no son sustanciales y la coincidencia más fuerte que tenemos es la elaboración del registro. Eso es importantísimo", dijo el diputado Pablo Orsolini (UCR), integrante de FAA y autor de un proyecto de la misma índole.

En los artículos 13 y 14 de la iniciativa del Poder Ejecutivo, se dicta la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta medida implica la realización de un relevamiento de todas las tierras para determinar quiénes son sus propietarios y cuántas hectáreas poseen. La ejecución de dicho censo deberá hacerse en un plazo de 180 días una vez que la ley sea aprobada y entre en vigencia.

Sin embargo, el consejero de la Confederación Intercooperativa Agraria (Coninagro), Marcelo Ocampo, consideró que la medida es insuficiente. "No es tan sólo ver quién es el dueño de la tierra, sino saber qué se hace con ella. Porque si es comprada por extranjeros para tener sólo un lugar de descanso y que no genere trabajo, no tiene ningún sentido".

En el escrito original, el grupo de juristas involucrados -entre los que se encontraban el constitucionalista Eduardo Barcesat y el experto en derecho agrario Aldo Casella- coincidían en el armado de un proyecto que contemplara todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y las tierras cooperativas. Pero se decidió acotar la iniciativa para que su tratamiento en el Congreso fuera más rápido.

Jorge Cardelli, diputado de Proyecto Sur, también reconoció la importancia del registro, aunque destacó que existe una cuenta pendiente con los pueblos originarios: "La Ley 26.170 exige hacer catastros con las tierras que les corresponde a los indígenas. Y eso no se hizo. Ese catastro haría visible el enorme proceso de concentración de la tierra, que es el principal problema a atacar". 

El proyecto elaborado por el Ejecutivo deja en claro que la medida no se aplicará con retroactividad. En los últimos años se ha detectado en el país un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones en manos de capitales internacionales. Por eso mismo, en el artículo 7, se establece que los titulares extranjeros no podrán poseer más del 20% del total de tierras rurales a nivel nacional. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, esa proporción representa 40 millones de hectáreas. 

Dentro de esta base del 20 por ciento del total del territorio, no se permitirá que una persona física o jurídica de una misma nacionalidad tenga un tercio, según consta en el artículo 8. Además, un mismo propietario no deberá superar las mil hectáreas cualquiera sea su lugar de ubicación, contemplando lo estipulado en el artículo 9.

Las restricciones a la adquisición de las tierras estarán reguladas por una autoridad de aplicación: el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que se conformará por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Defensa y del Interior, junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  Los integrantes contarán con competencia para solicitar la colaboración de otros organismos. Al respecto, Ocampo opinó que las entidades rurales debían formar parte y agregó: "El sector privado debería estar también".

La diputada de la Coalición Cívica, Susana García, es autora de uno de los once proyectos de extranjerización de tierras presentados por los otros sectores de la oposición. Si bien celebra la iniciativa del Ejecutivo, afirmó: "Nosotros no hablamos de hectáreas, sino de unidades productivas porque la tierra no tiene un valor igual de producción en todo el país". 

El legislador Ricardo Buryaile (UCR), ex vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestó no estar de acuerdo con el tope de las mil hectáreas por las diferentes regiones que conforman el territorio. A su vez, aclaró: "No soy de los que piensan que la Argentina se está vendiendo a extranjeros. Hoy no existe una demanda internacional de querer comprar tierras aquí debido a los altos valores de los campos".

El proyecto del Ejecutivo apunta a proteger a los propietarios y productores nacionales para promover y fortalecer el desarrollo agrario. La inversión de capitales externos se orientará a la creatividad agroindustrial para mejorar los rendimientos y calidad de los productos agropecuarios.

A la hora de debatir el proyecto, García manifestó que desea tratar el inconveniente de la desaparición de los pequeños y medianos productores por la concentración de los campos y reclamó por políticas estatales que resguarden toda la conservación de la tierra. Cardelli, por su parte, agregó: "La cuestión de fondo estaría en pensar seriamente en mecanismos de democratización del acceso a la propiedad. Hay que crear una instancia nacional: un instituto de redistribución". 

Anunciado previamente durante la apertura de las sesiones del Congreso, la iniciativa fue presentada por Cristina Fernández de Kirchner el pasado 27 de abril y fue a la Cámara de Diputados. En general, los legisladores tienen buena predisposición tratarlo. Sin embargo, en un año electoral, el Congreso funciona a medio pulmón. El proyecto aún debe ser tratado en las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, Ganadería y Pesca para llegar al recinto. Varias veces se dijo que será discutido en un plenario para acelerar los tiempos y sacar la ley cuanto antes. Sólo resta esperar.

Informe Completo: http://www.politicargentina.com/informes/847-limite-a-la-venta-de-tierras-a-extranjeros