“¿Quieren tierras? ... Que se las den a 50 km de capital y que ahí hagan su Bolivia y Paraguay”, son algunos comentarios que en estos días proliferan por Internet.
Lucía Viscuso - sitio egresados TEA
“¿Quieren tierras? ... Que se las den a 50 km de capital y que ahí hagan su Bolivia y Paraguay”; “Que desalojen el Parque y cero subsidios, y si quieren plata o casa que laburen”, “¡Hay que sacarlos de todas formas y si no aprendieron con los cuatro muertos que se jodan!” son algunos de los más tenues comentarios que en estos días se proliferan por internet, muy alejados de aquellos que hace unos meses, en el marco del Mundial de Fútbol, apelaban fervientemente a la hermandad argentina y latinoamericana. La superposición de intereses devenida en superposición de derechos, la cantidad de actores implicados, y las contradicciones al interior del Estado mismo, hacen difícil el sólo pensar en un horizonte de resolución para lo que acontece en Villa Soldati donde la situación es más compleja que “derecho al espacio público vs. derecho a la vivienda”.
Una definición clásica de las “políticas públicas”, propuesta por Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell, indica que son el conjunto tanto de acciones como de “omisiones” que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión. Esto nos lleva a reflexionar en primer en lugar, que siempre existe una política pública, aunque ella se base en no tenerla, dado que la resolución depende del modo específico de problematizar el conflicto, sustentado siempre en una ideología. Por ende, en el caso de lo acontecido en Villa Soldati rotular la cuestión sólo como un asunto de seguridad y de violación del espacio público deja de lado, no sólo desde lo fáctico sino también desde lo simbólico, el derecho a la vivienda digna (contemplado tanto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la de la Nación) convirtiendo a los tomadores del predio del Parque Indoamericano en delincuentes. Esta posición niega la posibilidad de negociación ya que ubica a estos actores en un nivel de inferioridad moral, e impide generar una respuesta integral al problema, que contemple aspectos sociológicos, axiológicos, urbanísticos, políticos y de sanidad.
Considerar a los “okupas” de manera ingenua, tampoco es un paso correcto para la elaboración de políticas claras. Hay que intentar dejar de lado los juicios valorativos como criterio para entender a los actores, para dedicarse a desentrañar las relaciones de poder que atraviesan a ese sector y que generan una maraña social intrincada y compleja. En el mismo espacio, tiempo y conflicto coexisten trabajadores honestos e ingenuos que ante la desesperación de la falta de vivienda son estafados por operadores que lotean y cobran por parcelas, no implicando ello salir de la lógica del hacinamiento y la miseria. A su vez, las áreas más humildes son penetradas trasversalmente por el flagelo del narcotráfico y la violencia organizada, que no conlleva simplemente a la distribución de narcóticos sino que involucra redes políticas y policiales, códigos propios y una cultura específica. Estas circunstancias hacen evidente la dificultad de negociar desde la exclusión y de cómo la invisibilidad de derechos se perpetúa por la ausencia de representación política, limitando las opciones de protesta y expresión de los más humildes.
Hoy vivenciamos el choque entre el paradigma liberal de la igualdad de oportunidades y la realidad social misma. Todos estamos insertos en un contexto, que condiciona nuestra subjetividad y nos permite atender e interpretar los hechos de un modo específico. Pero más allá de los matices que tengan nuestras conceptualizaciones, es necesario acordar y ser concluyentes que una política pública no se puede construir en base al odio, la xenofobia y la discriminación.
No se pretende desde aquí proponer una política para solucionar un conflicto, sino por el contrario, abandonar la ingenuidad respecto a que pueda existir una solución que puede dejar conformes a todos y tener en claro que los diferentes modos en que el gobierno problematiza la cuestión, tanto implícita como explícitamente, denotan prioridades respecto a algunos habitantes de la ciudad en detrimento de otros, y en este caso ellos son los más desamparados.
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