A pesar de que no es el tema principal de la agenda mediática o parlamentaria debido a la polémica que desata su sola mención, lo cierto es que el proyecto de aborto no punible presentado en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por los diputados Diana Maffía (Coalición Cívica), Juan Cabandié y Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria) fue aprobado el miércoles 29 de septiembre en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

Acorde a los pasos legislativos, próximamente deberá ser tratado en la de Justicia para llegar al recinto. Sin embargo, ha dividido sendas aguas en los sectores de la oposición y el PRO a la hora de iniciar el debate.

El artículo 86 del Código Penal establece: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Muchos son los conflictos que se desatan en torno a la interpretación de dicho artículo. Principalmente en su segundo inciso en el que, según la mayoría de las interpretaciones jurídicas, sólo puede interrumpirse el embarazo clínicamente de manera segura en el caso de que la mujer violada no goce de la plenitud de sus facultades mentales. 

Las principales modificaciones que introduce el proyecto presentado en la Legislatura hacen una notoria diferencia entre estos aspectos ya que establece que un aborto no es penalizado cuando peligra la vida de la mujer, cuando corre riesgo su salud integral; que el embarazo sea fruto de una violación, que el embarazo sea producto de un atentado al pudor sobre una mujer con limitaciones en su capacidad de discernimiento.

La reinterpretación del Código Penal ha provocado que durante la reunión en la Comisión de la Mujer se presenten dos dictámenes: uno para que el proyecto sea archivado (éste último propuesto desde las filas del PRO con cinco votos) y otro a su favor (con cuatro votos de la oposición) para que sea girado al próximo cuerpo y logre llegar al recinto. 

Una similar situación había ocurrido el pasado 17 de agosto cuando en la Comisión de Salud -el primer cuerpo donde fue debatido- habían obtenido también dos resoluciones: un dictamen en mayoría para ser girado a la Comisión de Mujer, y otro para archivarlo.

“La Legislatura no puede tratarlo por un problema de competencias: es el Congreso Nacional el que debe debatir y modificar el artículo 86 ya que el Código Penal es una ley superior que excede a las normas de cada jurisdicción”, fundamentó la diputada Carmen Polledo (PRO). 

Por otra parte, el abogado penalista Hugo López Carribeiro ratificó: “El Congreso provincial no tiene facultad para legislar sobre ese aspecto ya que tiene que ser modificado desde el Parlamento Nacional”.
Pero, más allá de este escollo legal, la Argentina está suscripta a dos pactos internacionales que protegen los derechos del niño por nacer. El artículo 2º de la Convención Internacional de los Derechos del Niño dictamina: "Se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad". Mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4º especifica: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

Otro de los aspectos que propone la normativa a tratar es evitar la judicialización del caso: la mujer que fue violada sólo debe presentar en el hospital una declaración jurada notificando el hecho para que un profesional diplomado pueda llevar a cabo el aborto en un plazo de diez días. “Muchas veces los tiempos de la Justicia dilatan el procedimiento, con esta ley le evitamos a la mujer ese largo camino.”, afirmó la diputada Alegre.

Los profesionales de la salud, según la legisladora, quedarían cubiertos legalmente ya que se especificará cómo deben proseguir al respecto y deberán declarar, amparados por la objeción de conciencia, si están dispuestos a realizar la intervención o no.

Múltiples son los roces y discrepancias originadas en el ámbito clínico en cuanto al proyecto. “Yo no puedo convalidar una ley que mate. Ese embrión ya es persona y tiene derechos”, aseguró la doctora Patricia Cudeiro, presidenta del Comité de Bioética del Hospital Elizalde. Su colega Nora Nigro (también integrante del cuerpo) declaró: “El cigoto no pidió formarse y me parece una aberración eliminarlo”. Ambas aseguraron que, como médicas, su deber es proteger y defender la vida.

Sin embargo, el doctor Marcelo Gus, Jefe de Obstetricia del Hospital Álvarez, afirmó que concuerda con el proyecto de aborto no punible pero que su aplicación práctica será complicada. "La paciente con una simple declaración jurada puede solicitar el aborto. Eso traerá roces porque quedará a discreción del médico si le cree o no".

Los datos oficiales revelan que en Argentina 100 mujeres mueren anualmente por someterse a abortos clandestinos. Además, se estima que entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año para interrumpir su embarazo de manera no segura en condiciones insalubres. 

Cabe destacar que el aborto clandestino es la principal causa de fallecimiento en mujeres gestantes y deja como ganancia mil millones de pesos (según una investigación realizada por Radio Nacional), cifra que contrasta llamativamente con los 35 millones de pesos destinados al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable durante 2009. 

Lo cierto es que la única solución para evitar llegar al aborto es la aplicación de una fuerte política de Educación Sexual. Pero, a pesar de que la ley fue aprobada aún no se aplica en su totalidad. Es responsabilidad de la Justicia y de los legisladores velar por la seguridad y la concientización de la comunidad para impedir la toma de decisiones drásticas. 

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Entrevista con Gabriela Alegre

"El aborto debe despenalizarse totalmente: las mujeres tienen que poder decidir"

La diputada del Encuentro Popular para la Victoria es una de las autoras del proyecto de aborto no punible. Asegura que ampara legalmente a los médicos y protege a la mujer.

-¿Por qué usted se declara a favor del proyecto de aborto no punible?
-No sólo me declaro a favor sino que soy una de las autoras del proyecto junto con la diputada Diana Maffía y el diputado Juan Cabandié. En realidad, para nosotros es indispensable y es muy importante que en la ciudad de Buenos Aires haya una reglamentación de cómo deben proceder las instituciones de salud en los casos en que se presente una mujer para interrumpir su embarazo, acorde a las circunstancias  contempladas en el artículo 86 del Código Penal. 

-Sin embargo, hay interpretaciones variadas acerca de ese artículo. ¿Cuál es la suya?
- Estamos absolutamente convencidos que la interpretación del artículo 86 debe ser que el aborto o la interrupción del embarazo no es punible en los casos en que corra peligro la vida de la madre, corra riesgo su salud integral, que haya sido producto de una violación o de un abuso a una mujer idiota o demente.  

-¿Qué cambios introduce a través de su proyecto?
-Si una mujer ingresa al hospital, hace una declaración jurada de que fue violada y  pide que le hagan un aborto, los médicos deben realizarle la intervención sin consultar al Poder Judicial en un plazo de diez días. Además, damos intervención al Consejo de Niños y Niñas Adolescentes en los casos de mujeres menores de 18 años. Por otra parte, proponemos una asistencia psicológica para así brindar un contexto de contención de las mujeres que sufren esta situación cuyo objetivo es a la rapidez del procedimiento sin prolongar su padecimiento. Con respecto a los médicos, un aspecto contemplado en la ley es la objeción de conciencia en donde se declaren de acuerdo o no por una cuestión moral, religiosa o de creencias para no hacer este tipo de intervenciones.

-Sin embargo, primero se debe reformular en el Congreso Nacional el artículo 86 del Código Penal, ¿cómo explica esta contradicción?
-Eso no es cierto. Nosotros contamos con abogados constitucionalistas que han avalado nuestra presentación.

-¿Y qué ocurre con los pactos internacionales a los cuales la Argentina está suscripto que protegen al niño por nacer?
-Yo creo que está pensado para proteger a aquellas mujeres que están concibiendo un hijo y que quiere tenerlo. Pero no habla de la decisión de las mujeres para interrumpir su embarazo porque lo que prevalece, en mi opinión, es el derecho de las mujeres que son quienes llevan adelante el embarazo o no. Además, el Código Penal establece claramente la diferencia entre aborto y homicidio. Yo, personalmente, soy una luchadora para que el aborto se despenalice totalmente: las mujeres deben poder decidir. 

-En el proyecto se propone que no se judicialice en caso de violación. Así, ¿se estaría despenalizando al violador?
-La violación es un delito de acción privada y no pública porque la mujer puede decidir si realiza la denuncia o no. Como solución podría cambiarse la tipificación de la violación y que haya obligación de denuncia. En ese caso sí se debe modificar en el Congreso de la Nación. 

-Con respecto a la lista que les proponen a los profesionales, ¿no les traería problemas discriminatorios?
-No hay por qué pensar que será discriminado antes de tiempo. Este marco legal representa para los profesionales de la salud una garantía para que no sean denunciados penalmente, porque hoy en día están en un vacío legal tal que pueden ser denunciados por hacer o no el aborto. 

-¿Por qué ha demorado tanto el tratamiento del proyecto en el recinto?
-Porque el proyecto fue cajoneado en la Comisión de Justicia el año pasado. Además, intentamos tratarlo antes del recambio legislativo, que es una de las causas por las cuales caen los proyectos, y no hubo ninguna voluntad de parte del PRO de hacerlo. Pero si el PRO dejase que cada diputado actuase según su propia convicción nosotros creemos que habría algunos que estarían de acuerdo con el tratamiento. 

-¿Qué ocurriría de aprobarse la ley?
-Yo estoy segura que va a abortar la misma cantidad de mujeres, pero lo van a hacer de una manera mucho más segura. Todos sabemos que hoy en día existen los abortos clandestinos en los que corre riesgo la vida de la mujer. Por eso hay que darles el derecho de poder hacerlo.  Si bien el aborto seguro en nuestro país existe, sólo acceden las que tienen mayores posibilidades económicas.

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Entrevista con Carmen Polledo

"Llegado el momento, el aborto no es la solución"

La diputada del PRO asegura que el proyecto de aborto no punible tiene baches legales que dejarían libre a los violadores.

-¿Cuál es su posición respecto del proyecto de aborto no punible?
-A nuestro criterio, la ciudad de Buenos Aires no tiene competencia por un tema de jurisdicción para legislar sobre este tema. El Código Penal es una ley nacional en cuyo artículo 86 se especifica claramente que sólo hay dos instancias en donde se puede realizar un aborto no punible: el peligro de vida de la madre y en segundo término la violación o falta al pudor de una mujer idiota o demente. Lo que nosotros decimos es que hay una ley que es el Código Penal y es una ley superior y que para reformarla es necesario tratarla en el Congreso de la Nación. 

-Sin embargo, en la provincia de Chubut en junio pasado se promulgó una ley de aborto no punible, ¿cómo fue posible?
-Lo que ocurrió en la provincia de Chubut es un caso aislado que tendrá consecuencias legales. Supongamos que se aprueba el proyecto aquí en la Legislatura: ningún médico de la ciudad de Buenos Aires, porque no tiene una garantía legal, va a poder llevar adelante ese procedimiento. Lo que ocurrirá es que aparecerán un sinnúmero de amparos legales presentados por los profesionales de la salud porteños porque de lo contrario ese médico irá preso acusado de homicidio. 

-¿Cuáles son, a su criterio, los aspectos más cuestionables del proyecto?
- Lo que plantea el proyecto que estamos discutiendo es que una chica de 14 años puede abortar sin denuncia mediante en caso de haber sido violada. Por lo tanto, si no hay denuncia no se perseguir violador: primera locura. Esta ley lo despenaliza. En segundo lugar, una persona para conducir, para tomar alcohol, para votar, para casarse, necesita una cierta cantidad de años y a nosotros nos parece peligrosísimo que una niña de 14 años si un día va y escribe en una declaración jurada que fue violada y sin ninguna instancia judicial haya que proceder. Nos parece inadecuado.

-Uno de los argumentos a favor del proyecto es que no existirían los abortos clandestinos, ¿qué solución propone para eliminarlos en caso de que no se apruebe la ley?
-Eso es otra cuestión: no mezclemos las peras con las manzanas. Los abortos clandestinos hay que perseguirlos porque son crímenes. Es una barbaridad que sucedan estas cuestiones. Eso no tiene nada que ver porque lo que estás diciendo es que la chica violada puede arriesgarse con un aborto clandestino.

-Pero si la chica violada hace la denuncia y la Justicia tarda en expedirse va a querer hacerlo por otros medios.
-Cuando hay una violación con una denuncia los jueces tienen que dar una respuesta en tiempo y forma. Hay que acelerar los mecanismos judiciales pertinentes para que den la respuesta como corresponden. Es un problema del Poder Judicial, no del Legislativo. La Legislatura tiene que instar a la Justicia para que transite lo más rápido posible los carriles necesarios y dé las herramientas para solucionar el problema. Pero la Legislatura no puede suplir al Sistema Judicial. 

-En el supuesto de que se reforme el artículo 86, ¿cree que aumentarían los casos de abortos en los hospitales?
-Hoy en día lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires para mi gusto que es muy peligroso. Por eso yo lucho por la prevención. A mí me parece que llegar a la palabra aborto es saltear todo un trabajo de acompañamiento anterior mucho más interesante y fructífero: planificación, educación sexual, métodos con que la mujer y la niña puedan contar. Pero, en el caso de un embarazo no deseado, llegado el momento no me parece que el aborto sea una solución. No es un chiste: es un tema que trae aparejado a la culpa, que destruye a una mujer.

-Pero otro de los argumentos que se exhiben a favor del proyecto es que de aprobarse disminuirían la cantidad de muertes por abortos.
-Pero hay que tener en cuenta que no todos los abortos son por violaciones. Se debe incluir el caso de una madre que tiene siete hijos y no quieren tener el octavo... Son condiciones socio-económicas, ambientales, parentales... Pero no son todas productos de violación. 

-Usted mencionó que como prevención se debe promover la Educación Sexual, ¿por qué la ley que lo garantiza no es aplicada en su totalidad en las escuelas porteñas?
-Yo creo que hay que trabajar más. Existe la ley que se debe aplicar y es tarea de todos nosotros continuar trabajando para que cada vez se ponga más en práctica. Si tengo que hacer una autocrítica, creo que hay que comunicar mucho más: posibilitar todas las herramientas y programas que existen a nivel del Ministerio de Salud para que las jóvenes se informen e interioricen de un montón de cuestiones que a veces ni siquiera saben que existen. Se necesita más servicios, planificación, seguimientos...