El interrogante que se plantea es si estamos frente a un auténtico acto de republicanismo del Poder Judicial, y una prueba efectiva de que el sistema de checks and balances entre poderes sí funciona; o como sostienen los defensores de Macri, una jugada política del kirchnerismo contra “un opositor con chances” (de llegar a la Presidencia en 2011) como le gusta llamarse al  propio líder del PRO.

Es decir, ¿deberíamos creerle al jefe de Gobierno porteño cuando acusa al gobierno nacional de inmiscuirse en las decisiones de la Justicia? ¿O confiar en que el procesamiento de uno de los dirigentes que se perfila a competir con el oficialismo por la presidencia en 2011 es mera coincidencia? Decididamente éste es un caso en que las consideraciones judiciales se enredan con las políticas.

Revisemos los hechos. Según la Cámara, Mauricio Macri es sospechado de conocer y prestar su consentimiento para instalar, en el ámbito del gobierno de la Ciudad, “un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido”. El aparato al que hace referencia el fallo habría sido gestado como una “vertiente paralela” de la Policía Metropolitana.

Sospechados de ser parte de la misma asociación se encuentran Jorge “Fino” Palacios -primer jefe de esta Policía- y Ciro James -un ex policía dedicado al espionaje- que fue contratado como asesor personal del ex ministro de Educación, Mariano Narodowski. Las principales pruebas de la existencia de esta red serían las escuchas realizadas a Néstor Leonardo -cuñado de Macri- y a Sergio Burstein –declarado opositor al jefe de Gobierno.

Expuesto de este modo parecería al menos difícil de concebir que Macri no estuviera al tanto de la existencia y funcionamiento de un aparato de estas características dentro de su administración. Y aún si así fuera, sería igualmente responsable por desconocerlo.

Por otra parte, la causa es llevada a adelante por un juez cuestionado y sospechado de ser funcional al oficialismo nacional. Es el mismo juez que meses atrás sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en la causa que los investigaba por presunto enriquecimiento ilícito, y sobre el que pesan diversos pedidos de juicio político.

La denuncia que dio origen a la investigación judicial también ha sido cuestionada. La misma se hizo anónimamente, pero se sospecha que el autor fue un agente de la SIDE (Secretaría de Inteligencia Del Estado), órgano que responde directamente a Presidencia de la Nación.

Las dudas se plantan hacia ambas partes. Bien podría ser que la respuesta a nuestra primera pregunta sea que deberíamos confiar en la independencia e idoneidad de la Justicia, como que deberíamos hacerlo en los argumentos del jefe de Gobierno porteño.

Lo que subyace a este debate, y lo que pareciera ser más grave, es el cuestionamiento a las instituciones judiciales del país e, indirectamente, al cumplimiento de las funciones que le han sido constitucionalmente asignadas a cada poder. Lo que se pone en duda es, finalmente, el componente republicano en nuestro diseño institucional, su fortaleza y la capacidad de los actores políticos para utilizarlo en su provecho y conveniencia.

El futuro judicial de Macri probablemente sea decidido en un juicio oral y público, y su futuro como jefe de Gobierno, en un juicio político llevado adelante por la Legislatura porteña. Pero el futuro de nuestras instituciones, ¿por quién será decidido?