“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Ese es el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.
El debate sobre la despenalización del aborto era, hasta hace unos años, un tema tabú. Sin embargo, en la última década Argentina ha demostrado un avance ideológico, que entre otros temas, hoy lleva al debate en el Senado de la Nación de la Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, luego de obtener media sanción en la Cámara Baja.
El aborto en Argentina está considerado un delito contra la vida, y la ley establece penas de hasta 15 años de prisión tanto para la mujer que se lo practica como para quien realiza el procedimiento. Sin embargo, en la clandestinidad, se realizan en el país entre 500 y 700 mil abortos al año, según estadísticas del Ministerio de Salud. El cálculo supone un aborto por cada recién nacido, y más de 100 mil muertes producto de mala praxis.
El mayor problema planteado por la militancia pro legalización es que la penalización solo logra ampliar las diferencias sociales existentes. Según ellas, las mujeres de clase media o alta están en condiciones de pagar procedimientos con cierta garantía, debido a que tienen el poder adquisitivo para tratarse con profesionales. Sin embargo, las mujeres de pocos recursos recurren a lugares precarios, con graves dificultades en la higiene y esterilización del instrumental, lo que provoca un mayor número de víctimas fatales.
“Sabemos que el Congreso Nacional está en mora en este debate respecto a ser un tema que ya se ha instalado en la sociedad como una deuda a saldar, algo a debatir y revisar. Porque hasta aquí se ha demostrado que la penalización no resuelve nada, por el contrario aumenta las brechas sociales”, explica Mariana Díaz, integrante de ADEM (Acción por los Derechos de las Mujeres).
Las más de 280 organizaciones de todo el país que luchan conjuntamente por la despenalización, presentaron en marzo y por tercera vez en los últimos 3 años un proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la firma de 47 diputados/as nacionales con representación de casi todas las fuerzas políticas.
“Planteamos la despenalización del aborto porque ninguna mujer debe ser sancionada ni legal, ni moral, ni socialmente cuando recurre a un aborto frente a un embarazo no deseado”, advierte Díaz. “Entendemos que las mujeres son moral y éticamente responsables de sus decisiones sexuales y reproductivas, las que deben garantizarse con políticas públicas”, agrega.
Es tal el avance de la temática en la sociedad, que el año pasado activistas por la despenalización lanzaron una línea de teléfono celular para informar cómo interrumpir un embarazo durante las primeras 12 semanas, mediante la droga misoprostol, aprobada por la Organización Mundial de la Salud.