Palacios, imputado en la causa AMIA por encubrimiento, procesado y sobreseído por la represión de diciembre de 2001 y relevado de la Policía Federal en 2004, cuando se conoció una amigable conversación suya con el represor Carlos Gallone, condenado por crímenes de lesa humanidad, y el reducidor de autos Jorge Sargosky, sentenciado en la causa por el secuestro de Áxel Blumberg, con quien se promete “un cafecito”.

En vísperas del decimoquinto aniversario de la voladura de la mutual judía, la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa exigió ayer en un comunicado la “remoción inmediata” de Palacios al jefe de Gobierno, sumándose al coro de fuerzas opositoras, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la AMIA y de la represión policial del 19 y 20 de diciembre que levantaron su voz contra la designación. Legisladores del Frente para la Victoria y de Proyecto Sur ya presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad, votada por las bancadas macrista y kirchnerista, en un intento por bloquear la asunción del Fino. No obstante, una reforma a la Ley no tendría efecto retroactivo, y ni siquiera podría trabar su acceso al cargo que finalmente lo procesen por la causa AMIA.

Jorge Palacios dejó registro escrito de sus impresiones sobre los años setenta. En su libro Terrorismo en la Aldea Global, editado en 2003 por la editorial La Llave, el ex comisario estima que “durante los 70, la Argentina fue escenario y víctima de grupos armados que adhirieron al marxismo-leninismo, los que llevaron el despliegue de su actividad hasta los primeros años de la década del 80, aunque con decrecimiento evidente de la misma”. No indaga sobre las causas de ese “decrecimiento evidente” ni dedica una palabra a los treinta mil detenidos desaparecidos ni a la represión ilegal. Para Palacios hubo un solo demonio: cada vez que aborda los movimientos de guerrillas latinoamericanos, elude referencias a los regímenes dictatoriales y al terrorismo de Estado, a pesar de que el tema de su libro es el terrorismo.

 “No leí el libro, espero que no me cueste el cargo”, ironizó Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, cuando en una reunión convocada por la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, a la que asistieron casi todos los legisladores, la diputada por Nueva Izquierda Patricia Walsh le leyó algunos párrafos de Terrrorismo en la Aldea Global. “He tenido conversaciones ideológicas con Palacios y está de acuerdo con defender la Constitución. Eso no significa que Palacios y yo tengamos coincidencias sobre cuestiones de terrorismo de Estado”, reconoció contra las cuerdas. En sintonía con Macri, concluyó que “es un honor defender a Palacios”.

  Quizás haya sido la formación policial del Fino Palacios la que moldeó su mirada sobre el terrorismo de Estado. Durante la dictadura, un joven Palacios pasó sus días en el edificio de Coordinación Federal de la Policía Federal, donde prestaba servicios la elíte de la fuerza. En Moreno 1417 operaban, al mismo tiempo, un centro clandestino de detención por el que pasaron 800 “chupados” y el Grupo de Tareas 2, bajo la órbita del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En esos pasillos Palacios trabó una amistad que continúa hasta hoy con Carlos Gallone, condenado a cadena perpetua por la “masacre de Fátima” y por entonces jefe de una brigada operativa y superior del Fino.

Según consta en una grabación proveniente de una investigación sobre documentos falsos de autos robados, fue Gallone quien puso a Palacios en contacto telefónico con Jorge Sargosky, reducidor de autos y condenado en la causa por el secuestro y asesinato de Áxel Blumberg. Sagorsky no pertenecía a la banda del “Oso” Peralta, pero era quien les hacía los pedidos de vehículos robados. En la escucha telefónica queda registro de que el designado jefe de la Policía porteña se promete un “cafecito” con Sargosky, de quien espera que pueda conseguirle una camioneta cuatro por cuatro “para ir a pescar”. Cuando la conversación salió a la luz en 2004, el ex comisario fue desplazado de la cúpula de la Policía Federal por Néstor Kirchner. Pero rápidamente se reacomodó como responsable de la seguridad en Boca Juniors, cuando Mauricio Macri aún presidía el club. Macri y Palacios mantenían una discreta relación desde que se conocieron en 1991, cuando el empresario fue a reconocer el sótano donde había estado secuestrado.

Pero el hecho que más compromete a Jorge Palacios es su acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento del deber de persecusión del delincuente y sustracción de prueba, o sea encubrimiento, en la causa AMIA. Según el expediente presentado a la Justicia por el fiscal de la causa, Alberto Nisman, Palacios tuvo a su cargo el allanamiento del domicilio del empresario sirio argentino Alberto Kanoore Edul, uno de los principales sospechosos por el atentado. Los testigos del allanamiento declararon que desde que los policías llegaron al lugar hasta que hicieron cumplir la orden dejaron pasar casi diez horas, y que al ejecutarla casi no secuestraron documentación. Desde un celular a nombre del Fino, se realizaron dos llamadas que fueron atendidas al domicilio que se iba a allanar. Según Nisman, que estima que “existen elementos suficientes para procesar a Palacios”, el ex comisario habría alertado a Kanoore Edul sobre el operativo.

Palacios también fue procesado por la jueza María Servini de Cubría bajo la carátula de “homicidio imprudente” por la represión policial de 2001, pero luego fue sobreseído. Aunque el Fino no estaba de servicio los días 19 y 20 de diciembre, se acercó a la Plaza de Mayo por “una cuestión moral”, según declaró. En su currículum también figura un asesoramiento en materia policial al ex gobernador de Neuquén Jorge Sosbich, justo antes del asesinato del maestro Carlos Fuentealba a manos de la policía neuquina.

“Palacios es el mejor jefe de Policía que la Ciudad puede tener”, insistió Mauricio Macri. Si este es el mejor, ¿cómo serán los otros?